En un panorama fiscal desafiante, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha revelado una preocupante táctica utilizada por contribuyentes: la práctica común de cubrir créditos fiscales adeudados como parte de una planificación fiscal agresiva. El propósito detrás de esta estrategia es impugnar los pagos realizados, buscando así obtener devoluciones substanciales, sumadas a los intereses generados por la autoridad fiscal, los cuales superan las tasas de retorno ofrecidas por las instituciones financieras en instrumentos de inversión convencionales.
El SAT ha señalado que esta práctica se ha convertido en un medio para que los contribuyentes busquen un enriquecimiento adicional, utilizando al fisco como una herramienta para generar rendimientos significativos a partir de los montos entregados en concepto de pago de créditos fiscales. La situación ha llevado a devoluciones millonarias, amenazando con un impacto sustancial en las finanzas públicas.
En un oficio dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el SAT ha advertido que, de persistir el criterio actual, podrían realizarse devoluciones de hasta 31 mil 500 millones de pesos, incluyendo 5 mil 500 millones destinados a intereses, tan solo en el período de enero a diciembre de 2023. Este escenario, según el SAT, representa un serio riesgo y podría dejar al fisco sin defensas efectivas en litigios judiciales.
El documento destaca ejemplos concretos de contribuyentes que han utilizado esta estrategia, incluida la empresa Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V., que, tras pagar un crédito fiscal millonario, ha buscado la devolución con intereses. La preocupación del SAT radica en el impacto potencial en las finanzas públicas y la posible necesidad de devolver grandes sumas de dinero, incluyendo intereses, si se mantiene el criterio actual.
Este tema se encuentra en evaluación por parte de la SCJN, en un momento en que la relación entre contribuyentes y la administración tributaria mexicana se ve desafiada por estrategias que podrían tener consecuencias significativas tanto para los ingresos gubernamentales como para la integridad del sistema fiscal.
Fuente: LA JORNADA
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