El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha anunciado que buscará anular un laudo emitido por un tribunal internacional administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Este fallo, no unánime, favoreció a la empresa Odyssey Marine Exploration y obliga a México a pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares.
El conflicto se originó cuando, entre 2016 y 2018, la Semarnat rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, ubicado en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur (BCS). La empresa Odyssey, dedicada principalmente a la búsqueda de tesoros marinos, había solicitado el permiso para extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años. Sin embargo, el proyecto fue rechazado por las autoridades mexicanas debido al potencial daño ecológico en una zona habitada por especies protegidas como la tortuga caguama, las ballenas y los lobos marinos.
En respuesta al rechazo, Odyssey inició un arbitraje en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), reclamando una compensación mucho mayor de la finalmente otorgada. La empresa alegó que la negativa a su proyecto fue motivada por razones políticas, una postura que el tribunal en su mayoría apoyó, aunque con una postura disidente de uno de los árbitros. Este árbitro subrayó que las preocupaciones ambientales de México fueron “ignoradas deliberadamente”.
El Gobierno de México argumentó que el tribunal dio un peso desproporcionado a las declaraciones de testigos con claros conflictos de interés y que no se valoró adecuadamente la falta de experiencia de Odyssey en la minería submarina. Las técnicas de dragado propuestas por la empresa no habían sido implementadas en ningún lugar del mundo, lo que aumentaba los riesgos del proyecto.
Ante las serias deficiencias del fallo y las críticas del árbitro disidente, la Secretaría de Economía ha decidido iniciar un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes. El Gobierno de México se mantiene firme en su postura de no permitir proyectos que comprometan sus recursos naturales y reitera que continuará defendiendo su soberanía y el bienestar de todos los mexicanos. El laudo será publicado próximamente en la página oficial del CIADI.
Este caso no solo involucra aspectos económicos, sino que también representa una defensa de los derechos ambientales y soberanos de México frente a proyectos que amenazan la sustentabilidad de sus recursos naturales.
Fuente: Secretaría de Economía
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