El Paquete Económico comprende los criterios económicos, propuestas de políticas, la iniciativa de la ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el siguiente ejercicio fiscal en México. Este es entregado por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Poder Legislativo para su análisis, discusión y aprobación; es un proceso que inició el 8 de septiembre y debe de concluir a más tardar el 31 de octubre del año en curso (antes del 15 de noviembre, en el caso del presupuesto de egresos).
Uno de los principales ejes del Paquete Económico 2023 es la inversión pública. La inversión fija del sector público está constituida por las asignaciones destinadas a obras, proyectos y acciones que tienen el fin de fomentar el crecimiento y desarrollo del país en diferentes dimensiones. Básicamente, estas se dirigen al desempeño de las actividades gubernamentales, al desarrollo social y al desarrollo económico; por medio de erogaciones a distintos rubros de las cuentas nacionales en materia de instituciones, infraestructura y bienestar. El gobierno en curso ha priorizado la inversión en combustibles y energía, vivienda y servicios a la comunidad, transporte y seguridad nacional, siendo que ha destinado a estos 4 aspectos más del 88% del gasto acumulado desde el inicio de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Esta cifra asciende a 2,529,594.7 millones de pesos, desde diciembre de 2018 a agosto del 2022 (de acuerdo a la Secretaría de Hacienda), lo que ha representado, en promedio anual, alrededor del 2.2% del PIB.
Una buena parte de estos recursos se han invertido en las 4 obras “emblemáticas” de la administración de AMLO: 1) El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); 2) El Tren Maya; 3) La Refinería de Dos Bocas, y 4) El Corredor Interoceánico-Istmo de Tehuantepec.
Para el presidente, es completamente incuestionable el gran beneficio que están acarreando al sureste del país y la fuente de crecimiento que simbolizan para todo México, y podemos coincidir con la clara derrama económica y la generación de empleos a la que dieron pie; pero, ¿podemos decir que las perspectivas son 100% realistas y que hay una plena conciencia de las externalidades negativas?
En el Paquete Económico y en la prensa gubernamental -incluyendo las conferencias mañaneras del presidente, por supuesto- se presentan con una visión muy optimista, abordando la cantidad de empleos y el impacto positivo que están teniendo sobre las comunidades aledañas; no obstante, no se suele tocar el tema de las sanciones, suspensiones y daño ecológico que han conllevado, o en su defecto, se justifican y aligeran las magnitudes de estas implicaciones.
Incluso se puede poner en tela de juicio la expectativa sobre la eficiencia de los proyectos. Como es el caso del AIFA, que se estimaba que atendería a más de 135 mil usuarios al mes en promedio durante su primera fase (2022-2032), empero, posterior a su inauguración se observó una dificultad en el despegue del número de pasajeros comerciales transportados, siendo que en los primeros 4 meses de operación (abril a julio) se estancó en los rangos de 33 mil a 37 mil pasajeros, aun cuando estaba el periodo vacacional de por medio. Podemos suponer que derivado de ello es que se han tenido que aplicar medidas extremas para poder atraer al público al aeropuerto, como el desplazamiento de más rutas del AICM al AIFA y el costo mínimo de un boleto a $20 pesos (sin TUA, promoción de Volaris). Pero también podemos decir que los esfuerzos han rendido frutos, ya que en agosto el número de pasajeros sobrepasó los 53 mil y para septiembre, esta cifra casi se duplicó, la cuestión es ¿la estrategia será sostenible hasta llegar a las 100 operaciones diarias acordadas entre el gobierno y las aerolíneas?
Apenas al final de septiembre se llegó al máximo de 60 operaciones diarias, la cual era la meta del director del AIFA. Sin embargo, el funcionamiento del AIFA también supone una gran complicación para el AICM, ya que contribuye a la saturación del tráfico aéreo de la Ciudad de México, ante los problemas que ya existían como la falta de controladores aéreos, la falta de infraestructura, la no planificación, las condiciones del personal, y la desventaja que está atravesando el sector aéreo por la degradación a Categoría 2 en seguridad aérea. La reubicación del aeropuerto, no sólo supuso la controvertida cifra de 331,996 millones de pesos, más del 232% a lo comunicado por el Gobierno de México, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación; sino también una entrega anticipada guiada por metas ambiciosas que han dejado notables deficiencias en conectividad, servicios comerciales e infraestructura.
Otra de las mega obras que ha levantado incertidumbre tanto en su presupuesto como en sus consecuencias de ejecución, es el Tren Maya. El proyecto que tiene por objetivo integrar al sureste del país a la dinámica económica nacional, ha sido sujeto de diversas suspensiones, muchas de estas, derivadas de su polémico impacto en el medio ambiente. Este punto ha escalado a tal lugar, que se convirtió en un foco de atención para las disposiciones del T-MEC. La Representación Comercial de Estados Unidos indicó que el Tren Maya podría violar algún punto del capítulo medioambiental del tratado, y grupos ambientalistas interpusieron una queja ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA). Aunque la CCA señaló la queja como improcedente por falta de requisitos, dejó abierta la posibilidad de reformularla antes de finalizar el mes de octubre.
A pesar de las desestimaciones y la especulación en torno a los “verdaderos intereses” de los grupos ambientalistas -promovidas más que nada por el mismo gobierno-, hay evidencia sobre el desmonte de selva y el trabajo en el Tramo 5 que se encontraba suspendido, además de la evidente improvisación en el nuevo trazo de las vías y las deficiencias en los estudios de impacto ambiental. Todo ha sido en aras de la aceleración de la entrega de la obra, logrando excusar las omisiones bajo la determinación del proyecto como una prioridad de seguridad nacional.
Por lo mismo, el costo del Tren ha pasado de 120,000 millones de pesos a 299,367 millones, la inversión aumentó 150% al monto original. A raíz de esto, se propuso asignarle un presupuesto de 143,073.3 millones en el 2023, lo que representa casi el doble de lo invertido en la construcción del AIFA. En conjunto, dada la carrera por concluirlo a finales del 2023, se inaugurará con solamente 6 trenes probados y con la señalización en modo manual, incompleta, lo que limitará la operación del tren. Actualmente, sólo hay un progreso considerable en los primeros 4 tramos, pero en total son 8 y el tiempo apremia, así que la preocupación por la calidad de la obra está fundamentada, tomando en cuenta todos estos factores.
De igual forma, la Refinería Olmeca-Dos Bocas también presentó un incremento en sus costos. A finales de agosto, el presidente confirmó el incremento del presupuesto, ya que no se habían contemplado equipos que se necesitan para la operación, así como la construcción de un gasoducto, derivando en un aumento del presupuesto entre 2 y 4 mil millones de dólares. Se estima que ahora tenga un costo total de 20,089 millones de dólares, más del doble de los 8,918.5 millones estimados inicialmente.
El escepticismo por su fecha de arranque se ve impulsado por el hecho de que, a pesar de que la refinería se inauguró a mediados de este año, se trató apenas de la primera etapa, compuesta por los tanques de almacenamiento y las oficinas administrativas, en esencia, pero sigue sin mencionarse una fecha de inicio de operaciones. El proyecto estará integrado por 17 plantas de proceso químico, las cuales no pueden funcionar de forma individual si no están listas todas, y hasta el momento, no se percibe un buen avance -dentro de lo observable, claro, porque también se destaca la falta de transparencia y la restricción de información al haber sido clasificado como un negocio confidencial-.
La construcción de la refinería, alzada por el sueño de la autosuficiencia energética, ha sido duramente criticada por su viabilidad en el corto plazo. Mientras que se asegura que se procesarán 340 mil barriles de crudo por día desde 2023, diversos especialistas convergen en que esto podría darse hasta 2026. Incluso de esta forma, en realidad solo se producirían 170 mil barriles de gasolina diarios (de cumplirse las intenciones gubernamentales), lo que vendría cubriendo aproximadamente un tercio de las importaciones.
Y eso en el caso de que el rumbo de las importaciones del combustible siga constante, pero nos estamos enfrentando a un panorama de reconversión a las energías renovables. También por ello nos preguntamos ¿durante cuánto tiempo podremos sacar el máximo provecho de la refinería? Si bien la industria global sigue regida por los hidrocarburos, y la transición a las energías limpias no es tan fácil o rápida, los países sí están apostando por las tendencias ecológicas para cumplir con los objetivos medioambientales de desarrollo sostenible, lo que se irá vislumbrando con mayor intensidad en el futuro.
Como se mencionaba anteriormente, la derrama económica, la generación de empleos y la mejora en la conectividad del país derivada de estas mega obras es innegable. Durante años, la región sur-sureste ha enfrentado un rezago constante a comparación de las demás regiones, sin la infraestructura o las oportunidades propicias para que pueda integrarse y beneficiarse de la dinámica económica nacional, provocando que los estados que la conforman sean los que reportan los niveles más bajos de crecimiento y desarrollo. Estos proyectos son un gran esfuerzo por incorporarlos y potenciar el bienestar de su población, a la vez que se acrecienta el atractivo de México como socio comercial, destino turístico y receptor de inversiones.
Sin embargo, la urgencia por concluirlos ha conllevado a una serie de malas decisiones que sólo han comprometido su ejecución e inicio de operaciones. Debido a la carrera, se ha presentado una planeación pobre y una previsión de riesgos casi nula ante los cambios, que fueron entorpeciendo los procesos y escalando los costos y daños al ambiente. Mientras vaya quedando menos tiempo para el fin de sexenio, habrá mayor propensión a la improvisación, lo que a su vez significa un mayor riesgo. Así mismo, los compromisos, los planes de respaldo, las estrategias de recuperación de empleos temporales y la “garantía” de que no hay corrupción en las obras sólo han quedado en palabras hasta el momento. Estos son puntos que tienen un peso fuerte en la percepción de la situación, nos hacen dudar sobre si López Obrador permite y justifica estas omisiones para no interrumpir la continuidad de los proyectos al término de su sexenio, o si solamente se trata de saciar su satisfacción personal. De cualquier forma, AMLO podría colgarse las medallas que quiera por ahora, al realizar estas hazañas en tiempo récord, pero cuando suceda alguna catástrofe o se tengan resultados insuficientes, tampoco podrá eximirse de las consecuencias.
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