Posterior a la emergencia sanitaria que se vivió a nivel mundial, derivado del SARS – COV 19, la economía mundial, reflejó una ligera recuperación económica derivada de la reactivación de diversos sectores y el incremento de la producción a nivel mundial, sin embargo, debido a factores externos como el conflicto armado entre Rusia- Ucrania, se ha observado una constante desaceleración económica que impactó directamente al bolsillo de los consumidores. Consecuentemente, se experimentó un crecimiento de la inflación a nivel mundial, en el caso de nuestro país se alcanzaron niveles de inflación superiores a sexenios anteriores, rebasando los 7.5 puntos, reflejando un gran incremento de los precios de la canasta básica.
Motivo por el cual, el presidente Andrés Manuel López Obrador, puso en marcha, en el mes de mayo, la primera fase de la medida denominada PACIC (Paquete Contra la Inflación y la Carestía), que tiene como propósito fungir como una medida de control de precios, enfocado en implementar diversas medidas económicas y fiscales, priorizando, mantener los precios de la gasolina y combustibles y los diversos productos que integran la canasta básica. A dicho acuerdo regulatorio se suscribió un total de 15 empresarios, entre los cuales figuran productores de carne de la República Mexicana, así como cadenas de autoservicio como Walmart y Soriana.
Para cumplir con este objetivo, se estableció un eje de trabajo que contempla 16 medidas aplicadas en los ámbitos de producción, distribución, comercio exterior y otras medidas. Dentro de las cuales, medularmente en el campo específico de comercio exterior, destaca la eliminación de las barreras arancelarias para la importación de 24 productos de la canasta básica entre los que se encuentran los siguientes productos: aceite de maíz, arroz palay, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, entre otros, medida que tiene como duración 6 meses.
Sin embargo, los esfuerzos puestos en marcha por el Gobierno Federal en conjunto con la Industria Privada, no han rendido los frutos esperados, debido a factores tanto internos como externos, ya que, en el mes de septiembre de 2022, de acuerdo con datos que el Banco de México dio a conocer, se alcanzó un nivel de inflación de 8.7%. Sin duda alguna, este nivel de inflación que no se había observado con anterioridad, se ve reflejado directamente en el bolsillo de los consumidores, así como en la economía del país, reestructurando la política monetaria que se había puesto en marcha por el Banco de México. De acuerdo a las estimaciones del BANXICO, se tomó la decisión de elevar en 75 puntos porcentuales la tasa de interés interbancaria, quedando en un 9.25% a efecto de buscar mantener la estabilidad financiera aun cuando implique un menor crecimiento en la economía.
Aunado a esta serie de medidas que buscan poner un freno al incremento de la inflación en nuestro país, el pasado lunes 03 de octubre de 2022, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó, en compañía del Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y representantes de la industria privada, la segunda fase del plan PACIC, que tiene el mismo objetivo del ya implementado.
Respecto a esta segunda fase, destaca, entre las medidas de comercio exterior que se implementarán a fin de mantener los precios de los productos de la canasta básica, la liberación de restricciones para la importación de los productos de la canasta básica. A diferencia de la primera fase, esta etapa contempla la revisión de toda regulación a consideración que impida o encarezca la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país, que incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional.
Lo anterior a efecto de agilizar la cadena de suministro y prevenir un posible desabasto de los productos básicos de la canasta básica, los cuales se pretende, que, al importarse, se tenga una competencia económica que permita disminuir los precios a los consumidores, esta es una práctica, en opinión del escritor, un tanto desleal, ya que únicamente 15 empresas accedieron a este beneficio. Ahora bien, independientemente de las prácticas comerciales, que pueden resultar desfavorables para el resto de los importadores, tenemos las posibles implicaciones que puede tener la eliminación de las inspecciones sanitarias, realizadas por diversas dependencias.
Tal es el caso del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), dependencia encargada de implementar medidas, acciones y planes de control fitosanitarios para proteger los recursos del sector agropecuario en el territorio nacional, así como implementar mecanismos de certificación que permitan la reducción de riesgos y asegurar la calidad de los productos agroalimentarios.
Lo anterior cobra relevancia, ya que esta eliminación pudiera implicar que al ingresar al territorio nacional, ingresen plagas o bacterias que se encuentran erradicadas en nuestro país. Sin duda alguna es una medida con un buen propósito, sin embargo, es necesario que el Gobierno Federal, afine ciertos detalles, para asegurar la estabilidad del mercado interno.
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